Sánchez ‘reza’ para que la Iglesia impida enterrar a Franco en La Almudena antes de que pueda prohibirlo por ley

El Gobierno se ‘encomienda’ a la Iglesia para que vete la Catedral de La Almudena a los Franco para inhumar al dictador, si la ley que lo prohíbe se dilata en el tiempo. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta a un nuevo dilema en la película para sacar a Franco del Valle de los Caídos: el procedimiento administrativo de la exhumación y la reforma de la Ley de Memoria Histórica siguen ritmos distintos. Eso  implica que el Gobierno podría tener listos todos los trámites para exhumar a Franco y encontrarse con que la ley que prohibiría la inhumación en la histórica catedral y en cualquier otro lugar en el que pueda ser objeto de exaltación pública no está aprobada.

En ese caso, Sánchez se vería obligado a justificar un nuevo retraso en el traslado de los restos, con difíciles argumentos. Y en ese impasse, la familia podría mover pieza para que Franco finalmente repose en La Almudena. Todo un juego de tiempos y estrategias.

PP y C’s quieren trabajar a su ritmo

El Gobierno socialista ya tuvo que reaccionar a la pretensión de los Franco para que el dictador fuese trasladado a la Catedral, en el centro de Madrid. Para evitarlo, presentó una enmienda a la reforma de la Ley de Memoria Histórica (en trámite parlamentario) que prohibía la inhumación en esta cripta.

El problema es que, en las últimas semanas, PP y Ciudadanos han solicitado prórrogas para trabajar sus propias enmiendas, lo que, contra los planes de los socialistas, están dilatando la tramitación. Si ambos partidos siguen solicitando prórrogas, la ley no verá luz verde y por tanto los Franco podrían requerir sin problemas la inhumación en La Almudena. Un ‘papelón’ para el Gobierno.

Ni PP ni Ciudadanos prevén ‘acelerar’ el procedimiento, para pesar de los socialistas. En fuentes de la formación de Albert Rivera explican que utilizarán el tiempo necesario para presentar sus enmiendas, y encuentran que el PSOE trata de meter prisa con fines eminentemente políticos y siendo conscientes de su propio desarreglo, al no prever que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos dejaba vía libre a crear un lugar de culto en pleno centro de la ciudad. Un escenario aún más opuesto a los planes del Gobierno.

Informe de expertos de ZP

La misma opinión se comparte desde el PP. Los ‘populares’ siguen sus propios ritmos y quieren madurar sus enmiendas, por lo que no parecen dispuestos a ceder a las pretensiones del Ejecutivo.  Ambos grupos elaboran sus propuestas a partir del informe de expertos encargado por Rodríguez Zapatero en 2011, y que requería el máximo «consenso político y social» para llevar a cabo la exhumación, según confirman fuentes de estos partidos.

Una vez finalizado el trámite de enmiendas, el proceso no finaliza ni mucho menos. Queda después el trabajo en la Comisión Constitucional, que preside el diputado ‘popular’ Jesús Posada, además del trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y donde, a su vez, se podrían introducir modificaciones. En ese caso, el texto volvería al Congreso. El calendario ‘tropieza’ además con el parón por las elecciones en Andalucía, la Navidad y enero, que es un mes inhábil en el Parlamento, a no ser que los grupos pacten lo contrario.

El Gobierno: serán «movimientos coherentes»

En paralelo, la exhumación sigue su cauce. Como avanzó el pasado viernes la portavoz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Gobierno ha encargado ya a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, del que depende el Valle de los Caídos, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumación, cuya redacción ha de encargarse a los servicios técnicos de Patrimonio Nacional.

La ministra de Justicia solicitará asimismo a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid, el organismo competente en la comunidad en materia de sanidad mortuoria, un informe sobre el proceso de exhumación, que no es vinculante y deberá estar concluido en el plazo de un mes.

«Esta fase deberá ser completada en un mes», remarcó Isabel Celaá, quien hizo hincapié en que, dentro del objetivo del Gobierno para que el proceso de exhumación sea «muy garantista», se dará de nuevo diez días de plazo a las partes afectadas para la presentación de alegaciones, trámite a partir del cual «se concluirá finalmente el procedimiento».

Preguntada por si el Ejecutivo va a esperar a la tramitación de la ley para proceder a la exhumación, la ministra portavoz dejó claro que no se «ha establecido ninguna secuencia entre la exhumación y la inhumación», que se «está trabajando» en el proyecto de ley y el Gobierno considera «que una cuestión llegará a ajustarse a la otra». «No hemos subordinado de ninguna manera la exhumación a la inhumación, pero comprenderán que haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro», insistió Celaá.